La Fiscalía General de la república acumula más de 1,600 casos de desapariciones forzadas, de las cuales no se ha resuelto ninguna. Esto según un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación, que se encargó de analizar la labor de la fiscalía desde la emisión de la Ley General en Materia de Desaparición, alrededor del año 2018.
Según la auditoria, alrededor de 747 de los casos pertenecen a carpetas archivadas durante el 2015 o años anteriores, y 868 pertenecen a casos a partir del 2016, contando con carpetas de varios años de antigüedad a los que se les ha dado nulo seguimiento.
La auditoría determinó que la falta de resultados es alarmante, y que «la FGR requiere fortalecer los procesos que realizan para la coordinación, la prevención, la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada».
