Con fecha 9 de diciembre se recibió orden de aprehensión girada por un Juez de Control local, contra el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y por 3 hipótesis de delito electoral previstas en el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales.
Se trata de una carpeta de investigación que se inició ante la FEPADE por denuncia de diversos partidos políticos, en torno a un audio en el cual Roberto Sandoval daba instrucciones a una estructura de la campaña a Gobernador en Nayarit del año 2017, que cuando se entregaran apoyos de un programa social se mencionara el nombre del Gobernador, pero que después se acudiera y se promocionara el nombre del candidato Manuel Cota Jiménez y del PRI.
En el mes de noviembre de 2017, el entonces Fiscal de Delitos Electorales, Dr. Santiago Nieto Castillo, solicitó apoyo a la Fiscalía de Nayarit para culminar actos de investigación porque según su criterio ya estaba lista la carpeta para judicializar al exgobernador y a otras personas por delitos electorales, lo que no pudo hacer porque fue removido del cargo.
El nuevo titular de FEPADE se declaró incompetente y mandó la carpeta a la Fiscalía de Nayarit, donde se trabajó durante dos años, realizando más de trescientos actos de investigación hasta conformar veinticinco tomos, con cuya información se solicitó la correspondiente orden de aprehensión.
De la investigación se obtuvo dato de prueba suficiente para acreditar que del 2013 al 2017 el programa de seguro alimentario PROSA operó mediante una organización formada por coordinadores, gestores y jefes de familia Prosa, con base en una estructura personal y familiar de Roberto Sandoval Castañeda, conformada por su círculo familiar, sus principales subalternos y operadores políticos, diputados locales y federales, todos integrantes del Partido Revolucionario Institucional; delegados federales e incluso Magistrados, titulares de instituciones u organismos autónomos, que tienen en común -todos-, que fueron propuestos o designados en sus cargos por el propio exgobernador.
Se logró acreditar ante el Juez que en la práctica se desvió el fin del programa, y se utilizó como un mecanismo de obtención de recurso público (lo presupuestado) y la captación de recurso de nómina de servidores públicos (capítulo 1000), a los que se les descontaba -en la mayoría de las veces- sin su consentimiento, todo con el fin de utilizarlo para beneficio del propio exgobernador, de otros servidores públicos, y/o para la entrega de despensas alimentarias con el fin de mantener una estructura política leal al grupo de Roberto Sandoval Castañeda; ello desde su comienzo en el año 2013 y hasta las elecciones del año 2017 que fue utilizado para la campaña a gobernador de Manuel Cota Jiménez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por tales delitos a Roberto Sandoval Castañeda le pudiera corresponder una sanción de hasta 28 años de prisión, inhabilitación y reparación del daño por aproximadamente 152 millones de pesos.
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